Foto: Telam.
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Megadevaluación tras el “fin del cepo” al dólar, quita de retenciones, liberalización comercial, futura suba de tarifas y endeudamiento constituyen un plan recesivo que deteriora el mercado interno. El programa que Macri desplegó en su primera semana de gobierno se traduce en apertura económica, aumento de precios y ajuste en perjuicio de los asalariados.

Quita y rebaja de retenciones a las exportaciones de granos, carne y manufacturas industriales; desmantelamiento de los mecanismos de control del comercios exterior (importaciones y exportaciones); futura suba de tarifas de luz y gas; venta libre de dólares, reunificación del mercado cambiario y megadevaluación del peso; más la vuelta a la rueda del endeudamiento constituyen, sin eufemismos, un paquete económico inflacionario y recesivo que de movida debilita el mercado interno porque deteriora el poder de compra de salarios, jubilaciones y asignaciones familiares.

Frente a esto, el sindicalismo encendió una luz de alerta que anticipa un escenario de conflictividad social a partir de reclamos de bonos de fin de año para subsanar la estampida de precios y también de cara a las paritarias 2016.

Por más que todo sea presentado a la sociedad como una “normalización”, “reacomodamiento” o un “sinceramiento” que busca reactivar el crecimiento económico, se trata en verdad de un típico ajuste ortodoxo que sorprende poco porque ya había sido adelantado por Mauricio Macri y su equipo desde las elecciones. La devaluación, por primera vez en la historia, fue elegida por el voto popular.

Las debutantes medidas decretadas por el presidente de Cambiemos marcaron un giro rotundo en la política económica: favorecen a sectores concentrados en detrimento de los bolsillos de las mayorías populares; tienen impacto negativo sobre salarios, empleo y pymes porque la suba del dólar también incrementa los precios de insumos industriales; incentivan el ahorro argentino en moneda extranjera, dolarizan la economía doméstica y alientan el ingreso al país de capitales especulativos.

La seguidilla de anuncios en los últimos días zanjaron la duda sobre el camino que elegiría el gobierno nacional para aplicar su programa económico ni bien desembarcara en la Casa Rosada: es vía shock, sacudón, de golpe, y no de modo gradual. El rol del Estado en la economía fue reemplazado de un día para otro por el libre mercado.

Así, la distribución de la riqueza se torna regresiva a partir de una fenomenal transferencia de recursos hacia los actores económicos de mayor peso, exportadores y formadores de precios. El objetivo de fondo es reducir salarios –que en menos de 24 horas se devaluaron un 40 por ciento– para aliviar “costos” empresarios. Es un recorte en la participación de los trabajadores en el producto bruto interno, en la riqueza que genera el país.

Los argumentos de Cambiemos en defensa de las iniciativas son contradictorios y parten de un supuesto falso de que la economía local está estancada. Si bien la economía acarrea problemas y tensiones en un contexto internacional y regional desfavorable, con fuerte caída de precios de materias primas y frenazo de Brasil a raíz de la aplicación de las mismas políticas macristas, Cambiemos recibió un país desendeudado, con reservas en el Banco Central, con casi pleno empleo y con un mercado interno dinamizado por el consumo y una expansiva política de ingresos.

Economistas heterodoxos coinciden en que si la demanda internacional se contrae lo que hay que hacer es robustecer el mercado interno, y no lo contrario.

La decisión de desmantelar el cuestionado mecanismo de control cambiario que regía desde 2011 –confeccionado en apuros y con parches para atender la escasez de divisas y poner un dique a la fuga de capitales–, otorgando la posibilidad de que cada persona física o jurídica pueda volver a adquirir “libremente”  hasta 2 millones de dólares por mes para atesorar, representó una devaluación del peso de más del 40 por ciento. Al otro día del “final del cepo”, según el eslogan que anunció sonriente el ministro de Economía Alfonso Prat Gay, bancos y casas de cambio fijaron la cotización única del billete verde alrededor de 14 pesos, contra los 9,80 de la rueda anterior.

Con alegría, Prat Gay, ex banquero central entre 2002 y 2004 y ex militante de la JP… Morgan, dijo que para hacer frente a la clausura del cepo –que elimina el “dólar tarjeta” o “dólar turista” y suprime el sistema de validación de la Afip para poder realizar transacciones– era inminente la entrada de entre 15 mil y 25 mil millones de dólares para reforzar las reservas del Banco Central y evitar corridas cambiarias. Este “colchón” para mantener la estabilidad del dólar devaluado significa una nueva emisión de deuda pública como ya pasó durante el menemismo y el sometimiento a las condiciones económicas que imponen desde afuera los acreedores.

Al justificar el fin de los controles cambiarios y al reconocer de modo implícito que la medida era devaluatoria, Prat Gay, involucrado en la causa que investiga cuentas sin declarar en la filial suiza del banco HSBC, dijo que la gestión de CFK había elevado el tipo de cambio en un 230 por ciento. La clara diferencia es que esta actualización del valor del dólar se hizo en ocho años, contra el 40 por ciento de devaluación en un día. Además, la actualización del dólar en el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández fue subsanada con políticas de ingresos que permitieron avances de salarios y jubilaciones por encima de la devaluación.

Como está escrito en la historia económica del país, una devaluación sin un acompañamiento de políticas que protejan los ingresos fijos en pesos es nafta para el fuego inflacionario y aviva la potencial caída del consumo, que en estos días quedará algo disimulada por el pago del aguinaldo y las fiestas de fin de año. Para evitar la espiral inflacionaria, el gobierno dijo que buscará retrotraer los precios al 30 de noviembre último, aunque empresarios ya rechazaron esa posibilidad. También anunció la continuidad del programa Precios Cuidados, aunque en versión reducida. Un poco tarde, el gabinete económico del nuevo gobierno, tras la suba “preventiva” de precios, quiere sellar además un acuerdo social con trabajadores y empresarios.

En noviembre y en lo que va de diciembre hubo un anticipo de la devaluación con subas de precios desmedidas en rubros de consumo masivo en respuesta a la expectativa de devaluación y quita de retenciones agropecuarias prometidas por Macri y su “dream team” económico, aunque Cambiemos atribuya los incrementos en góndola y mostrador al gobierno saliente de CFK. El equipo económico del PRO pide a los formadores de precios la “responsabilidad” que ellos no tuvieron al momento de incentivar la especulación.

Para esconder los aumentos a la vista de todos, el Indec del economista Jorge Todesca suspendió la difusión de los índices de inflación correspondientes a los dos últimos meses del año con la excusa de que las estadísticas públicas están “desdibujadas”.

Como se señaló, la disparada inflacionaria reduce el poder adquisitivo de los salarios y, en efecto, la capacidad de ahorro. Por lo tanto, los desesperados por comprar dólares que pedían a gritos terminar con el tormento financiero implantado por el cepo, desde ahora lo podrán hacer sin ningún tipo de restricciones, aunque con el correr de los meses es probable que dispongan de un menor excedente para teñir sus ahorros de verde o ampliar el confort del colchón de su cama con una capa esponjosa de billetes estadounidenses.

Plan M

El levantamiento de los controles cambiarios no fue una medida aislada, sino que estuvo enganchada a otras iniciativas destinadas a cumplir con reclamos del establishment económico y financiero, que por el momento ponen lejos el objetivo trazado por Macri de “pobreza cero”.

Desde Pergamino –donde el líder del PRO sacó en el balotaje más del 60 por ciento de los votos–, parado de espaldas a un campo de maíz a la vera de la ruta, acompañado por integrantes de su “equipo”, entre ellos los “hombres de campo” Alfredo De Ángeli, Carlos Reutemann y Gerónimo Momo Venegas, el presidente de la Nación anunció la quita total de retenciones a las exportaciones de trigo, maíz y carne, y una baja de cinco puntos porcentuales para las de soja. Después de anunciar el fin de los derechos de exportación al agro, Macri le pidió a los productores que “no evadan” y los convocó a “pagar con alegría más impuestos”. Parece chiste, pero no lo es.

La medida, a más de siete años de la polémica resolución 125 de retenciones móviles,  fue un insistente reclamo de la Sociedad Rural: Macri cumple, Etchevehere dignifica. En general, las entidades del agro respaldaron el decreto del líder del PRO. Ruralistas estiman que la decisión aumentará la producción agropecuaria. Otros creen que ayudará a la reactivación de economías regionales; y otros que servirá para incentivar la siembra de maíz y trigo.

El sector agroexportador y los grandes productores han sido beneficiados con una doble transferencia de recursos: primero la eliminación de las retenciones y luego una devaluación. Después de tan noble gesto, el gobierno espera que empiecen a aparecer los agrodólares de la cosecha stockeada. Al igualar las políticas para el sector a contramano de lo que venía haciendo el gobierno de CFK con la devolución de retenciones según capacidad de producción, el chacarero tendrá un pequeño beneficio, en cambio la quita y baja de retenciones engrosará la rentabilidad de un puñado de cerealeras y ruralistas con muchas hectáreas. La política de levantar barreras aduaneras implica una suba de precios internos para los productos de exportación y sus derivados alimenticios.

Después de anunciar un tarifazo, perdón, un sinceramiento y una rebaja de los subsidios para los servicios de gas y luz, el gobierno nacional decretó la situación de «emergencia eléctrica» para todo el país, debido a la situación «precaria» que enfrenta el sistema de distribución. Según el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, para «evitar un colapso» en el sector se tomarán “las medidas necesarias”. Más allá de los problemas reales, fue una maniobra elegante del ex CEO de Shell para justificar la suba en las facturas de gas y luz desde mediados de enero.

Si bien la medida le pegará primero a los usuarios de Capital Federal y el conurbano bonaerense, también repercutirá en la provincia de Santa Fe, donde la distribución del gas natural por parte de la empresa Litoral Gas cuenta con subsidios del gobierno nacional, al igual que el servicio energético que presta la Empresa Provincial de la Energía. Los subsidios a las tarifas de luz y gas representan un salario indirecto, que también se verá afectado.

Al participar de la conferencia de la UIA, el mandatario electo comunicó a los empresarios la eliminación total de retenciones a las exportaciones industriales. En la misma cumbre, el ministro de la Producción Francisco Cabrera hizo público que a fin de año se eliminarán las declaraciones juradas para realizar importaciones. Además, anunció que queda sin efecto el régimen “abusivo” que obligaba a las empresas a brindar información al Estado sobre su estructura de costos, márgenes de ganancias y data vinculada a la formación de precios. Esta política de desregulación y liberalización comercial puede perjudicar al aparato productivo nacional, con la consiguiente suba de la tasa de desempleo.

Para compensar las remarcaciones

Después del plan Precios Descuidados de las últimas semanas y ante la brusca devaluación del peso que reduce el poder adquisitivo de los salarios, gremios de distintas centrales obreras exigen el pago de un bono de fin de año, que van de sumas desde los 2 mil hasta los 10 mil pesos. En este sentido, algunos sectores, como los empleados públicos y maestros de la provincia, ya se movilizaron en demanda de un plus salarial, y otros sindicatos convocaron a marchar en los próximos días con idéntica demanda.

El reclamo de esta gratificación incluye a los camioneros de Hugo Moyano, a los metalúrgicos de Antonio Caló, los empleados de comercio de Armando Cavalieri, la CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky y a la CTA Autónoma de Pablo Micheli, entre otras organizaciones gremiales.

El bono más alto es el que reclaman los aceiteros de, al menos, 10 mil pesos, como el que exigieron el año pasado, sobre todo tras la rentabilidad que conseguirán los empresarios agroexportadores gracias a la eliminación de retenciones al trigo, maíz y carnes y la reducción al 30 por ciento de los derechos de exportación a la soja.

Menos retenciones, menos recursos

La rebaja y quita de retenciones al complejo agrario tiene un impacto fiscal en el Fondo Federal Solidario o Fondo Sojero, ya que el 30 por ciento de los recursos que el gobierno central recauda por derechos de exportación agropecuaria es coparticipado con las provincias, que a su vez redistribuyen ese dinero a municipios y comunas.

“Con la quita de retenciones del gobierno de Mauricio Macri Rosario pierde alrededor 25 millones de pesos”, calculó la concejala del FpV Norma López.

En un comunicado, la edila indicó: “El Fondo Federal Solidario ha financiado gran parte de la inversión municipal en estos últimos años. La baja de retenciones a la soja representará una recaudación de 15 por ciento menos, lo que para nuestra ciudad significan 25 millones de pesos, mientras que para la provincia 150 millones”.

Y consideró: “La no discriminación entre productores a la hora de eliminar retenciones produce una enorme transferencia de recursos. Por ejemplo, en el caso del trigo, donde el 7 por ciento de los productores, es decir dos mil personas, producen el 50 por ciento del total. Esos grandes productores que fijan el precio del pan tendrán una ganancia extraordinaria que ya están pagando los consumidores”.

La baja de las retenciones a la soja de cinco puntos porcentuales y su eliminación para el maíz, trigo y demás granos, tiene un costo fiscal anual estimado para el Estado nacional en más de 23 mil millones de pesos a un tipo de cambio de 14 pesos por dólar. Según un informe del Centro de Estudios y Sociales Scalabrini Ortiz, este costo fiscal equivale a 1.277 escuelas, 2.129 kilómetros de ruta, 88 meses de asignación universal por hijo más asignación por embarazo o 2.344 unidades de trenes eléctricos.

Fuente: El Eslabón.

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