Resolver el conflicto de los hold outs, abrirles libremente la puerta a los auditores del FMI, impulsar el canje de títulos públicos y darlos en garantía para el préstamo de bancos extranjeros, son los objetivos del gobierno. Un plan que beneficia a unos pocos e hipoteca a las mayorías por varias generaciones.
Así como pasa en cualquier familia, liberarse del peso de las deudas es un logro incuestionable que va más allá de cualquier opinión o ideología. Después de muchos años en los que la deuda externa significó un verdadero cepo a la soberanía política y económica, la Argentina logró un nivel de desendeudamiento como pocos países en el mundo, sirviendo de ejemplo para quienes están enfrentando el desafío de reestructurar sus compromisos de deuda pública.
Fueron cerca de diez años de grandes esfuerzos en materia de aplicación de divisas, que comenzó con las dos reestructuraciones de Deuda de los años 2005 y 2010, siguiendo con la pre-cancelación del total de la deuda con el FMI, la regularización de compromisos con empresas que reclamaron ante el CIADI, el acuerdo con países miembros del Club de París, el pago a la empresa Repsol, y el pago completo y en dólares efectivo del BODEN 15.
En todos los casos, los pagos se hicieron sin emitir nueva deuda, sino que se pagó con recursos genuinos (cuestión que no se daba desde el inicio del proceso de endeudamiento durante la dictadura cívico militar iniciada en 1976).
Además de ello, vale recordar que, muy lejos de estar “fuera del mundo” (como algunos declaran sin fundamento) la República Argentina propuso, en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas, el tratamiento de una normativa que permita definir un conjunto de principios básicos y un marco jurídico para los procesos de regularización de deudas soberanas de los países, cuestión que tuvo aceptación por la mayoría gran parte de los países miembro y significó un hecho inédito en el ámbito de las Relaciones Internacionales.
Sin embargo, desde la asunción del nuevo gobierno de Cambiemos, se observa un cambio importante en materia de endeudamiento público. El propio Mauricio Macri había sugerido “cumplir el fallo judicial (de Griesa) aunque nos disguste”, llegando a manifestar que “hay que ir, sentarse en el tribunal de Griesa y hacer lo que él termine diciendo”. Esta posición, ya reflejaba una llamativa falta de consideración respecto de los costos que significa acceder a las demandas usurarias de los fondos buitres, y a los efectos que ello provocaría sobre la autonomía económica y la solvencia intertemporal conseguida durante estos años.
Desde la campaña por la presidencia, el actual presidente dejó clara su intención de lograr una un arreglo beneficioso para NML Capital, Bracebridge Capital, Montreux Partners, Dart Management y Davidson Kempner. Por tal motivo, la estrategia para los fondos en esta nueva etapa se centra en la obtención de un mayor margen de beneficios extraordinarios.
No obstante, lo más alarmante es que ya se vislumbra que el gobierno argentino reconoce una deuda de aproximadamente 15.000 millones de dólares a favor de la totalidad de los fondos especulativos –hold outs iniciales y me too–. El motivo detrás de esta costosa estrategia sería que al ponerle fin al conflicto con los fondos especulativos se podría acceder con mayor facilidad a los mercados internacionales para tomar nueva deuda externa en mejores condiciones.
El “nuevo ciclo”
Hace unos días, el equipo económico del gobierno nacional dio a conocer, a través de un comunicado oficial, la primera propuesta para este “nuevo ciclo” de negociaciones y la contratación de un nuevo estudio de abogados –Cravath, Swaine & Moore–. En efecto, el equipo económico que encabeza el ministro Alfonso Prat Gay propone un acuerdo de reestructuración para todos los acreedores de títulos en default que no entraron en las operaciones de canje en 2005 y 2010. Se incluyen dos ofertas: una para los acreedores sin sentencias pari passu y otra para quienes sí la tienen.
Dentro del texto dado a conocer sobre la propuesta también se estima que si todos los tenedores originales (“tenedores pari passu”) aceptan la oferta el pago será alrededor de USD 6.500 millones más el pago de los fondos especulativos que se fueron adhiriendo después –me too–. En caso de un acuerdo positivo, el pago se realizará en efectivo con fondos provenientes de la emisión de nuevos títulos públicos del país para ser negociados en el mercado.
Si bien llegar a un acuerdo con los fondos litigantes colocaría al país en una mejor posición para acceder a créditos internacionales, hay que considerar que con la desregulación del mercado de cambios el mayor endeudamiento puede terminar alimentando la fuga de divisas y, como ya pasó en otras oportunidades en Argentina, se terminaría beneficiando a unos pocos, en detrimento del conjunto de los argentinos, sobre todo de las próximas generaciones.
La intención de arreglar el conflicto en tan poco tiempo esboza el poco interés del actual gobierno en defender los derechos adquiridos por el país después de la desoladora crisis del 2001 y de la exitosa reestructuración de su deuda. Resolver el conflicto de los hold outs en cuestión de meses, abrirles libremente la puerta a los auditores del FMI, impulsar el canje de títulos públicos y darlos en garantía para el préstamo de bancos extranjeros, son claros ejemplos de cuál es la intención del equipo económico de Cambiemos respecto a este tema.
De todas formas, si se cumplen la institucionalidad, estas medidas tienen que pasar por la aprobación del Congreso de la Nación. Esperemos que los representantes de todos los argentinos decidan teniendo como prioridad el interés nacional, sobre todo de los más humildes.
El buitre se relame
El juez de Nueva York, Thomas Griesa, conminó a los fondos buitre a que argumenten antes del próximo martes 16 de febrero en contra del levantamiento de restricciones a la Argentina que solicitó el gobierno de Macri para poder pagar la deuda reestructurada y emitir nuevos bonos. Sin embargo, el magistrado volvió a correrle la cancha al Ejecutivo, al condicionar esa medida cautelar a favor del país al pago efectivo a los acreedores que acepten la propuesta argentina para salir del default antes de fin de mes. Por su parte, la canciller Susana Malcorra dijo este viernes que es “optimista” en cuanto a la posibilidad de llegar a un acuerdo con los fondos especulativos en torno a la deuda en default, y aseguró que “hasta la presión del mercado” actúa en esa línea.
*Fundación Pueblos del Sur.
Fuente: El Eslabón.
