La topadora neoliberal que arrasa el continente no frena. Como se preveía, luego de una sesión de más de veinte horas, el Senado de Brasil resolvió que la presidenta será sometida a juicio político y, mientras tanto, deberá dejar el cargo por seis meses. De los 81 senadores, 55 votaron a favor y 22 en contra. Hubo una abstención y tres ausentes.
Michel Temer es el nuevo presidente provisional del Brasil. Proviene del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), una agrupación muy particular: nunca gobernó con un candidato propio surgido de elecciones libres, pero nadie puede gobernar sin negociar con este partido. Dilma durmió con el enemigo y, como suele suceder en estas circunstancias, la cosa terminó mal. En marzo, el PMDB se retiró del gobierno y empezó a preparase el terreno para la destitución. Ya por entonces Temer se presentó a sí mismo como una suerte de “salvador de la Patria”.
Además de juzgar a Dilma, en seis meses los poderes fácticos van a destruir, en forma sistemática, obsesiva, todas y cada una de las conquistas que el pueblo brasileño logró durante los 13 años de los gobierno del Partido de los Trabajadores (PT). Las gestiones de Lula y Dilma lograron sacar de la pobreza a 40 millones de personas. Para los poderes fácticos, esta es una afrenta imperdonable. Por eso la revancha será feroz.
Lejos de ser “el salvador de la Patria”, Temer actuará como un fiel empleado de los poderes fácticos, un típico ajustador neoliberal al servicio de los ricos. El flamante presidente interino va a nombrar como Ministro de Hacienda y “superministro” a Henrique Meirelles, presidente del Banco Central en la era Lula y ex presidente mundial del Banco de Boston.
Meirelles es un típico banquero de Wall Street. En 2010 intentó, sin éxito, ser el compañero de fórmula de Dilma. Este fiel representante de los banqueros y las corporaciones viene con las tijeras ya preparada. Su obsesión es reducir eso que los neoliberales llaman “gasto público”. En realidad, en un esquema que tienda a la redistribución de la renta y la justicia social, no existe tal gasto, sino que es una inversión por parte del Estado para reducir las desigualdades.
En materia de política internacional, la receta de la restauración conservadora es igualmente previsible: el denominado “retorno a los mercados tradicionales”, como Europa y EEUU, y un alejamiento de América latina. La unidad y la integración de la región, en la que Brasil tiene un papel tan importante, está en serio peligro.
La experiencia argentina puede servir de ejemplo en este sentido. Seis meses son más que suficientes para destruir fuentes de trabajo, producir drásticos retrocesos en derechos conseguidos, endeudar al país y entregarlo atado de pies a manos a los poderes fácticos y la banca internacional.
Los intentos por derrocar a la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, comenzaron antes de que asumiera. Ya en octubre de 2014, luego de la segunda vuelta electoral, los poderes fácticos mostraron los dientes desconociendo el resultado de las urnas. La derecha no se bancó la derrota y empezó a operar contra las instituciones desde ese momento. Cuatro días después de la elección, el candidato derrotado Aécio Neves, se presentó en tribunales e impugnó las elecciones. Desde ese momento, el dirigente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) se convirtió en uno de los principales conspiradores.
Los poderes fácticos fueron probando distintas estratagemas, operaciones y mecanismos, hasta que lo encontraron. La conspiración se puso en marcha. Los medios hegemónicos, parte de la Justicia, los partidos de la oposición, y aliados del gobierno que se dieron vuelta conformaron la masa crítica necesaria para producir la restauración conservadora y sacar del gobierno al odiado “populismo”.
La primera intentona, que consistió en desconocer el resultado electoral, no prosperó; y entonces siguieron buscando otros caminos. La segunda embestida consistió en echar un manto de sospechas sobre los fondos con los que se financió la campaña electoral del Partido de los Trabajadores (PT), pero no se pudo probar nada.
En la tercera intentona, se quiso salpicar a la presidenta con el esquema de corrupción en la empresa Petrobrás. Pero Dilma, a diferencia de una buena parte de la dirigencia del Brasil, incluso muchos de los que impulsaron su salida del gobierno, nada tuvo que ver con los sobornos.
El cuarto y último intento fue el juicio político por la supuesta adulteración en la contabilidad del gasto público, un argumento débil, criticado por los juristas de Brasil y del mundo. Pero la presión de los medios y el accionar de parte de la justicia y los partidos de la oposición, además de las traiciones que sufrió el gobierno, hicieron posible que esta estratagema diera sus frutos.
Dilma estará fuera del poder seis meses. En ese tiempo, será juzgada, por el mismo Senado que la suspendió, para definir si es inocente o culpable. De ser condenada, deberá dejar el cargo en forma definitiva. Los 55 votos que obtuvieron los golpistas hacen prever que estarían en condiciones de sacarla del poder definitivamente tras el período de suspensión. Para que esto suceda se necesitan dos tercios: 54 votos. La votación del miércoles dejó claro que los golpistas pueden superar esa cifra.
No sólo Dilma fue suspendida. La democracia quedó en suspenso. Y las instituciones, seriamente dañadas. Nadie votó ni votaría a Temer. La gran institución, la institución instituyente de la democracia es el voto, la voluntad popular. Los poderes fácticos la tomaron de rehén, en principio por seis meses. Y van por todo. Pero se olvidan de la calle. Enfrascados y aislados en sus palacios, se olvidan del espacio público, el de la política de verdad, el de la militancia popular. Millones de brasileñas y brasileños dicen “no pasarán”.
La OEA y el Mercosur preocupados por el golpe
Días antes de que el Senado de Brasil definiera la suspensión de Dilma Rousseff, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, expresó su preocupación y señaló que el Legislativo brasileño “no fue claro al explicar las causas del juicio político”.
Además, señaló que tiene dudas sobre la legitimidad de los procesos invocados para enjuiciar a la presidenta, y anunció que la OEA acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el proceso político que amenaza con apartar del cargo a la presidenta.
“Tenemos que hacer una consulta jurídica a la Corte Interamericana de Derecho Humanos en cuanto a la protección y vigencia de los derechos humanos en este caso, especialmente en derechos civiles y políticos que permiten el funcionamiento de la democracia”, aseguró el funcionario, que se reunió este lunes con Rousseff.
Asimismo, una delegación del Parlasur (cuerpo legislativo del Mercosur), visitó el lunes a Rousseff para expresarle su apoyo. “La decisión de la mesa del Parlasur fue manifestar el interés del organismo por la situación en Brasil”, señaló el presidente del organismo y ex canciller argentino Jorge Taiana. “Le expresamos nuestra preocupación acerca de la importancia de la democracia, de la legalidad y de la legitimidad”, agregó.
Fuente: El Eslabón
