La Marcha Mundial de la Marihuana, que el sábado pasado tuvo su masiva réplica local, volvió a poner en agenda el reclamo de grupos de consumidores, instituciones terapéuticas y especialistas en la materia, que exigen el fin del fracasado paradigma de la “guerra contra las drogas”, un abordaje impulsado por el Departamento de Estado norteamericano que ha generado como consecuencia el crecimiento de la industria narcocriminal y de la violencia social, como se ha podido comprobar en las calles de Rosario. En ese marco, El Eslabón entrevistó al juez de la Corte Suprema de Santa Fe –y director del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Nacional de Rosario UNR–, Daniel Erbetta, quien se manifestó en sintonía con la demanda de las organizaciones. “Es necesario reformar la legislación”, propuso.
—¿Cómo se escucha el reclamo por la despenalización del consumo de marihuana y del autocultivo desde su lugar, como jurista y nada menos que ministro de la Corte de Santa Fe?
—Es un reclamo por los derechos que la Constitución Nacional le reconoce a toda persona; un reclamo que lleva muchos años y que durante todo este tiempo suma cada vez más argumentos jurídicos y datos empíricos en su favor pero que choca contra los mismos obstáculos; esto es, contra los mismos e idénticos argumentos que la realidad se ha encargado de descalificar pero cuyo peso es enorme porque son argumentos que tienen eficacia política y cierta aceptación social, aunque nunca se diga que son argumentos funcionales al negocio ilícito de la droga y al agravamiento de un problema de salud.
—¿El único camino para ese reclamo ciudadano es la sanción de una nueva legislación?
—Es necesario reformar la legislación. Es cierto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho en el fallo Arriola, como lo había hecho durante el gobierno de (Raúl) Alfonsín con el fallo Bazterrica, que la punición de la tenencia para consumo es violatoria de todos los principios constitucionales que condicionan la actividad de producción de leyes penales (propia de los legisladores) y la actividad jurisdiccional (propia de los jueces) y que por ello esa conducta no debe ser perseguida ni penalizada. Y es cierto también que esta decisión de la Corte es relevante y marca el camino de la despenalización del consumo y el autocultivo.
Pero los fallos de la Corte valen para el caso, más allá que fijan un criterio que los fiscales y jueces federales deben seguir, en tanto se sabe que cualquier otro caso similar que llegue a la corte será resuelto de la misma manera y que difícilmente la Corte, aún variando sus integrantes, cambie el criterio porque en materia de derechos y garantías la Corte no debe volver regresivamente sobre sus propios pasos, como lo hizo de manera absolutamente injustificada en este tema la Corte del gobierno de (Carlos) Menem. Pero mientras la ley no se modifique, la agencia policial sigue teniendo una amplia puerta abierta y ello explica algo por cierto inaceptable: que el 70 por ciento de los casos judicializados en materia de drogas son por persecución del consumo; si a eso le suma que algunas provincias han adherido a la ley de desfederalización para perseguir el menudeo, el panorama es absurdo.
El sistema penal argentino concentra sus esfuerzos en la persecución de conductas lícitas y de delitos menores como el menudeo sin violencia por parte de personas de pocos recursos y escasa educación. Los Anteproyectos de Reforma Penal 2006 y 2014 adecuaban la legislación penal a los parámetros constitucionales pero no fueron tratados. Por ello, existe una deuda del Congreso Nacional en este tema. Y en el punto no existe muchas justificaciones porque el fallo Arriola condiciona a los legisladores en un sentido determinado. Y el tema es grave no sólo porque están en juego derechos que la Constitución reconoce y la ley lesiona sino porque el fallo Arriola pone correctamente el acento en la necesidad de desarrollar estrategias y políticas de salud pública para el problema del consumo y los eventuales daños que pueda generar, y al mismo tiempo concentrar toda la actividad del aparato penal en la persecución del narcotráfico.
—¿Qué lectura hace sobre el abordaje a la problemática más general de las drogas ilegales que se hace desde el paradigma hegemónico de “La guerra contra las drogas”?
—El paradigma de la «La guerra contra las drogas» ha traído consecuencias negativas muy graves. Por un lado, no es más que un pretexto para una mayor concentración y verticalización de poder y consecuentemente para diluir o neutralizar cualquier límite. Es un viejo recurso del poder, si quiero tener más poder nada mejor que inventar un mal cósmico, una situación de gravedad excepcional, entonces la excepción me permite violar todas las reglas –aumento todas las penas, subo los mínimos de las escalas penales, doy más facultades a la policía que depende del Ejecutivo, trato de hacer un fuero especial de jueces, invento arrepentidos, delatores, agentes encubiertos, etcétera, etcétera–.
Por otro lado, se ha convertido en la mejor decisión para favorecer el crecimiento superlativo de un negocio ilícito que deja suculentas ganancias, que alimenta otro delito de escala como el lavado, que provoca muertes y daños incalculables como consecuencia de las disputas por ganar mercados, que en muchos países ha potenciado la corrupción y con ello ha debilitado las instituciones y que, desde la instalación de dicho paradigma, sólo ha potenciado los problemas y las ganancias ilícitas. Esto no quiere decir que el problema no exista, quiere decir que debo comenzar por indagar sobre el problema, sobre el funcionamiento del negocios, sobre los intereses en juego para buscar entonces la mejor estrategia de solución. Pero no investigar, no tratar de reconocer la complejidad del problema es parte del negocio, entonces apelo al discurso de la violencia estatal que es efectista, que tiene reconocimiento social aunque sólo acumule fracasos históricos pero sirve porque sigue dando rédito político. El papa Francisco ha denunciado el neopunitivismo o populacherismo penal y ha dicho además que en estas graves cuestiones se suma un creciente desprecio público –fomentado por los medios de comunicación– por el saber de los especialistas y por todo dato de la realidad que permita conocer el problema que se pretende resolver. Y el paradigma de la guerra a las drogas, que tanto ingenuos o desinformados adeptos y defensores cosecha, implica justamente el desconocimiento de la realidad, de la complejidad del problema y lo que es peor, desestimula la búsqueda de soluciones reales.
El problema que tenemos es que existen muchos curanderos que son elevados por los medios masivos a la categoría de los expertos y en base a esos curanderos, cuyos discursos sin ninguna base conceptual, ni contacto con datos empíricos, alimentan a los verdugos. Por caso, escuchar que el problema de Argentina es similar o puede rápidamente llegar a ser como Colombia o México es tener un nivel de desinformación rayano a la ignorancia. Pero decir tiene mucha aceptación social y eficacia política y contrariarlo es asumir riesgos.
—Un aspecto relacionado con este debate tiene que ver con la violencia ligada a la narcocriminalidad, al tope de la agenda pública en Rosario y Santa Fe ¿Qué piensa del planteo de algunos especialistas que proponen atacar esa industria ilegal quitando la prohibición con un Estado regulando la distribución de esas drogas desde una perspectiva sanitaria?
—Creo que aquí hay que distinguir varias cuestiones. Los países donde el Estado ha asumido sus responsabilidades y ha intervenido, regulando la distribución y ejerciendo un fuerte control sanitario, no sólo han estabilizado el consumo sino que han reducido notablemente los daños. Y esto vale tanto para desarticular o reducir el campo de actuación de algunos mercados minoristas que cuando hay demanda rígida, como ocurre en Rosario, tienen una acelerada expansión y vale también a nivel global.
Hay algo que es elemental: cuando el delito tiene como garante el mercado difícilmente se lo pueda controlar con el aparato penal; es más, en muchos casos sólo será una alternativa más para favorecer la corrupción. A nivel global la solución pasaría por la legalización completa pero para que ello ocurra deberían estar de acuerdo todos los países y esto es prácticamente imposible porque, como ha dicho el profesor (Eugenio) Zaffaroni, legalizar la droga es como dejar de producir oro porque la prohibición, cuando hay una demanda rígida, convierte la basura en oro. Entonces, si uno analiza el volumen de ganancias, cientos de miles de millones de dólares anuales más el negocio del lavado, si repara que Estados Unidos no produce drogas pero es el principal consumidor y el más alto porcentaje de esa ganancia y del negocio del lavado quedan en su territorio, mientras la competencia violenta por alcanzar ese mercado se da del otro lado de la frontera –en México ha provocado muchísimas más muertes el plomo de la disputa por el negocio que las drogas prohibidas–, entonces uno comienza a advertir que la cosa no es sencilla. No es subir penas y dar más poder a la Policía. De hecho todos los países que declararon la guerra a las drogas la perdieron con muchos daños directos y colaterales.
Entre tanto, hacia el interior de EEUU hay estados que han comenzado a legalizar no sólo el consumo sino incluso la pequeña distribución. Pero volviendo a su pregunta, respecto a nuestra región, creo que la posibilidad de regulación estatal serviría para neutralizar o reducir estas economías delictivas y ello también tendría incidencia en la reducción de una formidable fuente ilegal de financiación. Y para pensar estas estrategias lo primero que debemos hacer es reconocer la complejidad del problema, producir mucha información, investigaciones sobre la realidad de nuestra región y tener de este modo insumos que nos permitan diseñar políticas y estrategias de intervención mucho más efectivas que las actualmente disponibles.
Fuente: El Eslabón
