Cinco comunicadores fueron asesinados en dos meses. El Comité para la Protección de los Periodistas denunció que la libertad de expresión está seriamente amenazada, y realizó presentaciones ante el presidente Enrique Peña Nieto y la OEA. “Falta voluntad política para terminar con esta situación”, denunciaron.
México sigue siendo el país de las muertes impunes, y del Estado imponente, o directamente cómplice de las atrocidades. Las fronteras entre las fuerzas de seguridad, las mafias y el narcotráfico son borrosas. Pero México tiene un gobierno neoliberal, no populista. Y eso lo salva de la mirada escandalizada de los falsos republicanos que sí están muy atentos a la situación de los derechos humanos en países donde gobierna la izquierda o fuerzas populistas.
Los militantes de base, las mujeres, los estudiantes, el pueblo movilizado, los pueblos originarios, las trabajadoras y los trabajadores, los que luchan, los que creen en las construcción colectiva de una sociedad mejor están en la mira de los asesinos. Y siguen cayendo. Esta semana se denunció en particular la situación de los periodistas, pero es sólo un ejemplo de los que sufren la violencia institucional en México, donde reina la impunidad.
En los últimos dos meses asesinaron a cinco periodistas. El último caso fue el de Filiberto Álvarez, atacado a tiros cuando salía de la estación de radio donde trabajaba en Morelos. El locutor de 65 años recibió cinco balazos en la entrada del Balneario El Rollo, en Tlalquiltenango, donde tenía su vivienda. Filiberto Álvarez conducía un programa de poesía.
Este hecho ocurrió a dos semanas del asesinato de otro periodista, Maximinio Rodríguez Palacios, de 73 años, que murió a tiros cuando viajaba en el automóvil con su esposa, quien sobrevivió al ataque.
En marzo asesinaron a Miroslava Breach en Chihuahua, al norte de México. Ese mismo mes mataron a Cecilio Pineda, en Guerrero, y a Ricardo Monlui, en Veracruz.
El 14 de abril, sicarios acribillaron a Max Rodríguez en Baja California. Otro reportero, Armando Arrieta, está en el hospital por las heridas de bala que sufrió en un ataque también en marzo, en Veracruz.
En este marco, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) emitió recomendaciones para proteger la libertad de expresión dirigidas al presidente, el Procurador General de la República, autoridades de Veracruz y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En el informe especial de la organización internacional se afirma que “la prensa mexicana está atrapada en un ciclo letal de violencia e impunidad y los periodistas del estado de Veracruz, en particular, corren el riesgo de ser secuestrados y asesinados”.
La organización señaló que “la falta de voluntad política para acabar con la impunidad convierte a México en uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo”.
El CPJ solicitó al presidente de México, Enrique Peña Nieto, “comprometerse públicamente a abordar la impunidad en los delitos contra la libertad de expresión”, y “a resolver estos delitos y dar prioridad a la seguridad y la protección de los periodistas en la agenda de su gobierno durante el período restante de su mandato”.
Asimismo, le solicitó al mandatario “utilizar las plenas facultades del cargo para asegurar que todos los ciudadanos, entre ellos los integrantes de los medios de comunicación, puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión conforme está garantizado en los Artículos 6 y 7 de la Constitución”.
Además, la CPJ apuntó a la responsabilidad de los funcionarios y le pidió a Peña Nieto que asegure “que los funcionarios federales encargados del cumplimiento de la ley se hagan cargo con responsabilidad de todos los ataques contra la prensa que ocurran en sus respectivas jurisdicciones”, y que ordene a los funcionarios federales “investigar estos casos exhaustivamente, enjuiciar a los autores y hacer que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley”.
La agrupación de periodistas solicitó asimismo al Procurador General de la República que responsabilice a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) “para que rinda cuentas de cualquier omisión en la investigación de estos delitos y que procese en la justicia a los autores”.
La CPJ pidió al Procurador que proporcione capacitación a los fiscales asignados a los delitos cometidos contra la libertad de expresión y que asegure que esta capacitación aborde los problemas únicos en su tipo que enfrentan los periodistas y que destaque el papel vital que desempeña una prensa libre.
Los periodistas exigieron además a las autoridades judiciales que la Policía investigue plenamente las amenazas contra los periodistas y los medios de comunicación y que la oficina de derechos humanos estatal disponga de los recursos necesarios para realizar investigaciones oportunas en el terreno.
Además, la CPJ instó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que responsabilice al gobierno federal de México para que rinda cuentas de conformidad con el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Principio 9 declara: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”.
La agrupación de periodistas pidió que se fijen objetivos específicos para asegurar que México cumpla con las recomendaciones formuladas por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. En este sentido, el relator especial urgió a México a investigar plena, efectiva e imparcialmente estos crímenes, esclarecer los motivos y determinar los vínculos con el periodismo y la libertad de expresión.
Además, ante la “gravísima crisis de seguridad para los periodistas” en México, directivos de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA, por sus siglas en inglés) y el Foro Mundial de Editores (WEF) solicitaron una reunión con el presidente Peña Nieto para abordar la situación, así como las alternativas para fortalecer los mecanismos de protección y abatir la impunidad alrededor de la violencia contra el gremio.
En una carta firmada por Tomas Brunegard y Michael Golden, presidente y vicepresidente de WAN-IFRA, respectivamente, así como por Marcelo Rech, presidente del WEF, comunicaron a Peña Nieto su preocupación por lo que ocurre en México, considerado “uno de los lugares más peligrosos para el ejercicio del periodismo”.
En representación de 18 mil publicaciones, 15 mil páginas web y más de tres mil empresas periodistas en 120 países y en el contexto de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, los dirigentes de ambas organizaciones –dedicadas a la protección y defensa de la libertad de expresión desde 1948–, expresaron al presidente mexicano su “extrema preocupación ante la crisis de inseguridad e impunidad que amenaza la vida y el trabajo de los periodistas mexicanos”.
Tras recordar a Peña Nieto que es deber del Estado mexicano “velar y proteger los derechos de los periodistas, garantizando su seguridad y la libertad de informar”, los firmantes pusieron en duda la capacidad de atender el problema de la violencia contra la prensa.
“La frecuencia de las agresiones, atentados y asesinatos generan serios cuestionamientos sobre la efectividad de la medidas precautorias y de atención que ha implementado su gobierno”, señalaron en la carta fechada el 2 de mayo.
Fuente: El Eslabón.
