La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció este viernes que enviará al Congreso una iniciativa para suprimir el delito de calumnias e injurias, con el objetivo de “garantizar aún más” la libertad de expresión en la Argentina.
“Dudo de que haya habido otra etapa donde se haya podido hablar con mayor libertad que en la etapa que me ha tocado gobernar en la república Argentina”, apuntó durante el anuncio, realizado en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). En ese sentido, la mandataria desafió a “cualquier archivo” a probar que su mandato no haya sido el de mayor “libertad para hablar de las autoridades del país”. Este viernes hubo una nueva audiencia pública y la Iglesia no ve con malos ojos al proyecto. En momentos en que los grupos de medios de comunicación más concentrados perpetran una ofensiva sin precedentes contra el Gobierno para intentar abortar el debate del proyecto de ley que regularía, precisamente, la actividad de los medios audiovisuales, el anuncio muestra que fuera cual fuere el destino de la iniciativa, lo que está en peligro no es la libertad de expresión sino el negocio de unos pocos.
Cristina defendió “la libertad para poder decir lo que uno quiere y piensa, aún cuando sea mentira”. “Yo prefiero mil millones de mentiras antes de cerrar la boca de alguien: esta es la forma en la que entiendo la libertad y los derechos humanos”, agregó.
La jefa de Estado había anunciado previamente dos iniciativas vinculadas a los derechos humanos. “El envío de estas leyes acerca de la defensa de la libertad y de la identidad, en cumplimiento de tratados, nos convierten cada vez más en sujetos de derechos internacionales y del mundo que queremos vivir”, aseguró.
En ese sentido, se refirió al octavo aniversario de los atentados a las Torres Gemelas, e indicó que “a tanta barbarie e irracionalidad hay que oponerle razón y respeto a la ley. La sujeción a normas de derecho internacional es el mejor antídoto al terrorismo”, añadió.
La Iglesia, un aval inesperado
Ek titular de la Comisión Episcopal de Comunicación Social de la Iglesia, monseñor Agustín Radrizzani, se hizo presente este viernes en las audiencias públicas sobre el proyecto de ley de comunicación audiovisual que se llevan adelante en el Congreso de la Nación.
Radrizzani señaló que consideraba "de máxima importancia que el debate sobre esta ley se de en un marco de racionalidad en el que se garantice una participación plural de los ciudadanos y se evite cualquier manipulación de la información para beneficio de unos pocos".
"Creemos también que es importante cuidar que la economía no maneje la política de las comunicaciones, como cuidar que la política no busque intereses ideológicos ni económicos en la utilización de los medios", agregó.
El religioso manifestó que "es primordial velar entre todos para respetar el espíritu en que la ley fue concebida. La participación plural y democrática deberá aparecer en el tratamiento y reglamentación de la ley, como también en su aplicación".
Este jueves el director de la Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina, Jorge Oesterheld, consideró que la ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales es "un paso adelante para los que hoy no tienen voz". Es más, el prelado agregó, en declaraciones a la agencia católica AICA: “La posibilidad de que los pobres puedan tener voz y acceder a los medios, por ejemplo las radios comunitarias, coincide con las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia”.
Avanza en Diputados el proyecto de medios
En tanto, una nueva audiencia sobre el proyecto de ley de comunicación audiovisual se abrió este viernes en la Cámara de Diputados, con reclamos de "no seguir politizando" el debate y para debatir "en forma urgente la iniciativa".
Pedro Mouratian, vicepresidente del INADI, destacó el "compromiso" del instituto con la temática de la comunicación y explicó que existe "la necesidad imperiosa de cambiar el rumbo de la forma en que la sociedad argentina va comprometiéndose con la realidad nacional".
El funcionario pidió no seguir "politizando" el debate "desde el punto de vista partidario" y aclaró que la ley "no se hace en contra de nadie".
José Toledo, de la red Intercable integrada por cable operadores independientes de Televisión por Cable de Argentina, se quejó de que el proyecto de ley no los contemple y consideró "desigual" que se incluya a las cooperativas de servicios públicos en el mercado. "Si prevalece está desigualdad las pymes tenemos fecha de vencimiento, desaparecemos", sostuvo Toledo.
Rodolfo Saltech, de la Cámara Argentina de Cooperativas, Mutuales y prestadores comunitarios de Radiodifusión (CARCO), denunció que con la actual legislación pasaron "25 años de exclusión y discriminación" "En ese tiempo -añadió- diversas empresas lucrativas obtuvieron licencias, pudieron instalarse, crecer y dar saltos tecnológicos pero nosotros no" pese a que "casi seis millones de compatriotas reciben servicios públicos de cooperativas de servicios públicos".
