La última semana de octubre estuvo atravesada por dos episodios fuertes: las elecciones legislativas del domingo 27 y el fallo de la Corte Suprema que declaró constitucional la ley de medios a cuatro años de su aprobación en el Congreso. De la contienda política-electoral a la contienda política-mediática en 48 horas. El nuevo escenario tras la resolución cortesana dio lugar a distintos análisis. Una mirada podría enfocar el aguante de una corporación económica dueña de un emporio de medios (Clarín) a la desconcentración que exige una norma antimonopólica y, en efecto, a la intervención estatal que busca regular el mercado de la comunicación audiovisual, aunque no los contenidos.
El dictamen del máximo tribunal corrió el eje informativo centrado hasta ahí en los resultados de los comicios y rompió rápido la ola triunfalista en la que venían surfeando Massa, Binner, Cobos, Schiaretti, Macri, medios de comunicación, entre otros actores políticos. Algo descolocados, dirigentes del arco opositor enseguida ensayaron una defensa corporativa, olvidando, en nombre de las instituciones y la República, que se trata de una ley discutida durante años a lo largo y ancho del país y aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso.
Desde un aspecto más económico de la cuestión subyace la puja entre libre mercado e intervención del Estado en la economía. El Grupo Clarín es uno de los grupos económicos más importantes del país y se niega a desinvertir, a desprenderse de su patrimonio, interpretando que una licencia es derecho adquirido. Hace abuso de su posición dominante en el mercado de la comunicación. Aborda la información como mercancía para conseguir objetivos económicos y políticos. La gran concentración de Clarín fue cocinada al calor de la dictadura y multiplicada durante el menemismo.
El exceso de posición dominante de un oligopolio no sólo se da en el terreno de la comunicación con la concentración de la palabra, de las voces, de la cultura. También hay oligopolios en la producción y comercialización de alimentos y otros productos de la canasta básica, en el mercado del cemento y materiales para la construcción, en las fábricas de insumos clave para la cadena productiva y en otros tantos rubros de la economía donde el Estado choca con una feroz resistencia cada vez que intenta hacer pie. Pese a los avances sustanciales de los últimos años, el alto nivel de concentración en la economía doméstica resulta un nudo estructural heredado de los 90 todavía difícil de desatar.
Con la constitucionalidad de la ley de medios, el poder político y el poder judicial se impusieron al poder económico, a poderes fácticos que no se resignan a perder privilegios. Clarín dice que la ley viola el derecho de propiedad y la libertad de comercio. En rigor, el grupo no parece defender la tan mentada “libertad de expresión”, sino más bien la libertad de mercado, su volumen de negocio y su rentabilidad.
El dictamen del alto tribunal a favor del Estado y en contra del poder económico es muestra de un cambio que coincidió con la celebración de los 30 años de la recuperación democrática en el país. En la puja entre libre mercado e intervención estatal, el fallo de la Corte trituró los argumentos de Clarín, que se cree por encima de una ley, y le dio la razón al Estado al colocarlo en el lugar de protector de esa libertad de expresión supuestamente en riesgo.
