En la ceremonia de su asunción del segundo mandato de Bachelet, Salvador Allende estuvo presente, pero también sus asesinos, que se beneficiaron con el golpe de 1973. ¿Se animará esta vez la presidenta a cumplir con sus promesas? Con la salida de Piñera quedó claro que las falacias del neoliberalismo ya no convencen a nadie.
Algo más de cuarenta años después de la heroica entrega de Salvador Allende durante el golpe de Estado de 1973 perpetrado por la CIA, empresarios chilenos y extranjeros, y el diario El Mercurio, su nombre volvió a sonar en la sede del Congreso Nacional de Chile, en Valparaíso.
La senadora Isabel Allende, hija del ex presidente, asumió el martes la presidencia de la Cámara alta y ante la mirada de numerosas personalidades extranjeras, entre ellos el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, convocó la figura de su padre: «Es un gran orgullo estar aquí porque aquí estuvo mi padre, Salvador Allende, el año 66 y 69 antes de ejercer la presidencia de Chile. Hace casi 48 años asumió con lealtad la presidencia del Senado en un contexto social diferente «, señaló Isabel. La palabra “lealtad” produjo ecos profundos, y resonó con insistencia en las altas y lujosas paredes del Congreso Nacional.
Y más allá de los símbolos, los recuerdos y los fantasmas que poblaron la ceremonia, también estuvieron presentes las preguntas, las dudas, los interrogantes sobre qué hará Bachelet en su segundo mandato. ¿Se animará esta vez? ¿Hará lo que no pudo, no quiso, no supo hacer en su primer mandato (2006-2010)?
Bachelet obtuvo una resonante victoria en segunda vuelta, con el 62 por ciento de los votos, venciendo Evelyn Matthei, un símbolo del más rancio pinochetismo que hasta hoy sigue reivindicando al dictador genocida. El pinochetismo es un fantasma hediondo pero operante en Chile. El multimillonario chileno-alemán Sven von Appen aseguró en diciembre de 2013 que “si Michelle Bachelet hace un mal gobierno, los empresarios deberán buscar a otro Augusto Pinochet”.
Durante la campaña, la presidenta planteó un ambicioso programa basado en reformas que apuntan a cambiar, de una vez por todas, la dura y profunda matriz neoliberal y pinochetista, una herencia de la dictadura que perpetúa una estructura económica, política y social mercantilista, injusta y elitista.
Bachelet prometió subir los impuestos a las empresas del 20 al 25 por ciento. Prometió asimismo ampliar fuertemente el acceso a la educación superior, mejorar la salud pública y reforma la Constitución de 1980, impuesta por la dictadura de Pinochet.
Chile tiene la mayor desigualdad de ingresos dentro de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) entre 34 países. La flamante presidenta aseguró que dentro de los primeros cien días redactará la legislación que aumentará los impuestos en alrededor de un 3 por ciento del Producto Interno Bruto. “Chile se ha mirado a sí mismo, ha mirado su camino, su historia reciente, sus heridas, sus hazañas, sus proyectos inconclusos y luego, Chile ha decidido que es el tiempo de iniciar transformaciones profundas. No debe discutirse lo siguiente: el lucro no puede ser el motor de la educación porque la educación no es una mercancía y porque los sueños no son bienes de consumo”, señaló el martes.
Si cumple con sus ambiciosas promesas, sacudirá de una vez por todas el paradigma neoliberal que hasta ahora ha sido seguido por todos los gobiernos desde la dictadura de Pinochet, incluyendo el de la propia Bachelet en su primer periodo. “Creemos que puede haber un Chile diferente y mucho más justo. Quiero que el día que vuelva a dejar esta casa, ustedes sientan que su vida ha cambiado para mejor. Que Chile no es sólo un listado de indicadores o estadísticas, sino una mejor patria para vivir, una mejor sociedad para toda su gente”, señaló la mandataria el martes por la noche, ante una multitud reunida en la Plaza de la Constitución.
Las palabras de Bachelet desmienten un viejo mito de la derecha, una falacia total que describe un Chile democrático, ordenado, con economía ejemplar y números que hacen las delicias de los tecnócratas neoliberales. El mito oculta que Chile es uno de los países más injustos de la región, que su educación es elitista, y que ese programa neoliberal se impuso a sangre y fuego mediante una dictadura genocida.
“Sé de primera mano lo que la educación pública puede ofrecer a una persona. Yo soy hija de la educación pública, y mi compromiso es que en Chile todos tengamos esas mismas oportunidades”, señaló la presidencia con referencia a una de sus principales promesas de campaña.
La lucha por una educación menos elitista, gratuita y de calidad lanzó a centenares de miles de estudiantes y docentes a las calles entre 2011 y 2013. Es más: las propuestas de gobierno de Bachelet en materia educativa parecen copiadas de las pancartas que por esos días levantaron los estudiantes. Habrá que ver si en los hechos también se acerca a lo que los estudiantes continúan reclamando.
El sistema educativo chileno es un buen ejemplo de la mercantilización de los más profundos entresijos de esa sociedad bajo los dogmas neoliberales. No hay universidad gratuita. La calidad de la secundaria y la primaria es notablemente mejor para los que pueden pagar una cuota más alta. La educación, en definitiva, es una mercancía más en el mercado.
Durante el gobierno del multimillonario Piñera, Chile aceptó incorporarse a la Asociación Transpacífico, encabezada por EE.UU., y es miembro fundador de la Alianza del Pacífico, grupo de comercio e inversiones que incluye a Colombia, Perú y México y que tiene a EE.UU. como observador. Bachelet ya dio señales de que no sería del interés de Chile pertenecer exclusivamente a uno de los grupos de comercio y que intentará evitar que se profundice la brecha entre el área Pacífico y el acuerdo Atlántico-Caribeño.
“Chile ha perdido presencia en la región, las relaciones con sus vecinos son problemáticas, una visión comercial se ha impuesto sobre nuestros vínculos latinoamericanos”, señala su programa de gobierno. El giro que pueda dar en este sentido, a favor de la integración regional, será una de las claves de su gestión.
El otro gran desafío es la reforma de la Constitución. “Chile necesita una Constitución nacida en democracia, que asegure más derechos y que garantice que en el futuro la mayoría nunca más sea acallada por una minoría”, señaló la presidente el martes. La pregunta es si podrá hacer una verdadera y profunda reforma o bien, cediendo al statu quo, sólo se conformará con retoques cosméticos.
Los cambios realizados durante el gobierno de Ricardo Lagos en el seno del Congreso en 2005 no afectaron el imperio del Dios mercado, siempre por encima de los derechos sociales básicos como el acceso a la salud y a una jubilación digna. Y ni hablar de la promoción de los nuevos derechos, como los sexuales y reproductivos, que ni siquiera fueron considerados entonces.
Si Bachelet cumple, deberá eliminar contenidos autoritarios del texto constitucional, como por ejemplo los relativos a la seguridad nacional, que hoy día consagran normas sobre el terrorismo que contradicen principios básicos del derecho penal. No será fácil.
La coalición que levó a la presidencia de Bachelet, Nueva Mayoría, no tiene los votos necesarios para reformar la Constitución. Deberá conseguir el apoyo de al menos dos tercios de los legisladores, con los que no cuenta. Tendrá entonces que negociar con algunos parlamentarios de la derecha. Eso si la modificación se realiza con una comisión bicameral, opción por la que se inclina la Democracia Cristiana. Pero el Partido Comunista y el Radical Socialdemócrata abogan por convocar una Asamblea Constituyente. Es uno de los grandes interrogantes que se abren con la asunción de Bachelet.
Mientras tantos, en las calles, están los movimientos sociales. Algunos han apoyado a Bachelet, pero ya le marcaron la cancha y le advirtieron que no le firmaron un cheque en blanco. Otros afirman que nada cambiará con su gobierno, porque es parte de la burguesía que jamás modificará el statu quo pinochetista. La pulseada está en marcha. En la campaña electoral, Bachelet dio a conocer “50 compromisos para mejorar la calidad de vida en el Chile de todos en los 100 primeros días de gobierno”. El plazo vence el 19 de junio. Los movimientos sociales, los militantes por los derechos humanos, los estudiantes y trabajadores le recordaron la fecha apenas asumió. La cuenta regresiva ha comenzado.
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