El gobierno ajustador al servicio de los banqueros le dijo “no” al referéndum por la independencia de Catalunya, con la ayuda de la Justicia, la misma que mantiene la impunidad de los genocidas franquistas y los corruptos de la realeza. Y también con la colaboración del Partido Socialista Obrero Español, que ya no es socialista, ni obrero, ni español.
La lucha por la independencia de Catalunya no es nueva. Catalunya es una nación, con un idioma muy antiguo y con una rica historia literaria. “Catalunya no es España” es una vieja consigna. Pero pese a la historia, las luchas y el ansia de independencia del pueblo catalán, el gobierno de Mariano Rajoy bajó de un plumazo el referéndum soberanista convocado por los catalanes para el 9 de noviembre. Pero la lucha de los catalanes también es antigua, y ha sido revitalizada en los últimos días con marchas multitudinarias, que se van a incrementar.
Los catalanes siguen en las calles mostrando que son muchos los que quieren la independencia, y que pese al fallo en contra, esta historia recién comienza.
El mismo gobierno títere de los banqueros, el mismo que destruyó puestos de trabajo, realizó crueles ajustes y redujo en forma drástica la libertad de expresión y protesta, le bajó el pulgar a los catalanes. En tiempo récord, el Tribunal Constitucional de España le hizo caso a Rajoy y anuló el decreto firmado por el gobierno de Catalunya para llamar a una consulta sobre la independencia.
En apenas dos horas, y por unanimidad, el Tribunal puso en duda la existencia de la independencia de poderes en España y acató, obediente, las sugerencia de Rajoy, y suspendió por cinco meses la convocatoria. La misma Justicia española que mantiene la impunidad sobre los crímenes del franquismo, la misma que rechaza denuncias contra genocidas, la misma que abre causas contra los que protestan y les impone altas multas a personas sin trabajo y sin hogar, esa Justicia se mostró servil al gobierno conservador de Rajoy. La misma Justicia que encubre los hechos de corrupción de la Realeza.
“Fue un récord, no se tomaron ni un día, rompieron la barrera del sonido”, ironizó Artur Mas, presidente de la Generalitat de Catalunya, que además firmó este jueves un decreto de nombramiento de los nueve miembros de la junta electoral, lo que implica desarrollar la Ley de Consultas y el decreto de la llamada a las urnas el 9 de noviembre, que se encuentran suspendidos por orden judicial.
“El referéndum va en contra de la ley, desborda la democracia, divide a los catalanes, los aleja de Europa y perjudica a su bienestar”, señaló Rajoy, al tiempo que recordó que el llamado a un referéndum choca contra el artículo primero de la Constitución de España, que señala que la soberanía reside en el pueblo español en su conjunto, no en una parte. “Es falso que el derecho a votar y decidir se lo pueda atribuir unilateralmente una comunidad y negárselo al resto de la nación”, declaró Rajoy.
El gobierno catalán, ya se ha pronunciado con relación a que “nada ha terminado” y es obvio que las movilizaciones en la calle continuarán, porque es justamente la calle lo que lo queda a los independentistas, siendo que dentro de los palacios las resoluciones contradicen los deseos de independencia, más allá de que apelarán la decisión del tribunal. Desde la Asamblea Nacional Catalana (ANC), agrupación que lidera el Movimiento Popular Independentista y que fue la principal organizadora de la enorme marcha que atravesó Barcelona el 11 de septiembre, se mostraron dispuestos a seguir adelante con la consulta con o sin la autorización del Tribunal Constitucional.
“Pido capacidad de resistencia. No puedo esconder que no será fácil, pero esto no funciona saliendo a la calle una vez al año; el futuro es una conquista no un regalo y nos lo tenemos que ganar”, señaló el presidente de Catalunya Artur Mas.
