En mayo de 2013 el diputado José María Tessa (Nuevo Encuentro-Frente para la Victoria) presentó por primera vez el proyecto modificatorio a la actual ley provincial 11.273 de Fitosanitarios. La iniciativa había cosechado el trabajo mancomunado de la multisectorial Paren de Fumigarnos, integrada por vecinos y organizaciones sociales de diferentes localidades santafesinas, que desde hace tiempo denuncian los peligros de los agrotóxicos para la salud de los pobladores rurales. La propuesta, que recorrió las comisiones pertinentes, durmió en varios despachos y pareció naufragar varias veces, reflotó en las últimas semanas pero, cuando parecía encaminarse a ser tratada en el recinto, fue relegada por otra, más afín a los intereses económicos del sector, de la legisladora socialista y productora sojera, Inés Bertero.
“Ocurrió una cuestión lamentable, estaban en juego dos proyectos, uno que ponía como valor central la vida y el otro que hacía eje excluyente la producción; nosotros jugábamos por la vida”, planteó Tessa a la hora de evaluar con El Eslabón, la media sanción que recibió la propuesta de Bertero.
Tessa insistió en la necesidad de encarar los debates de fondo que quedaron postergados al relegarse su proyecto. “Está demasiado probado y hasta la Organización Mundial de la Salud ha intervenido en esto, diciendo que el glifosato es potencialmente cancerígeno. Hay estudios de la Universidad Nacional de Córdoba, de Rosario, los de Carrasco o Verzeñassi sosteniendo esta posición”, remarcó el legislador de Nuevo Encuentro. Y amplió su idea: “Por eso planteábamos zonas de resguardo realmente importantes, lo que no significaba de ninguna manera dejar de producir. Si tanto criticamos el sistema productivo que tiene la República Argentina ¿por qué no empezamos por los 800 metros alrededor de los pueblos con una producción agroecológica?. Hay trabajos serios que promueven esas prácticas alternativas”, destacó.
Las modificaciones a la Ley de Fitosanitarios que impulsaban Tessa y las organizaciones de Paren de Fumigarnos, apuntaban a preservar a la población de las aspersiones de agrotóxicos. “Apostamos a poner un límite mínimo de 800 y 1000 metros para las escuelas rurales, y la prohibición de las fumigaciones aéreas en todo el territorio santafesino”, precisó Tessa, quien remarcó los numerosos sectores preocupados por la problemática que apoyan su proyecto, sobre el cual destacó que “fue producto de miles de voluntades que confluyeron en su redacción y lo enriquecieron, como así de estudiosos, médicos y científicos sin vínculos con las empresas del sector”.
“Estamos interpelados y obligados a definir nuestra posición como legisladores en defensa y protección de la vida y la salud del pueblo al que representamos”, señaló a la hora de defender su propuesta. En ese sentido refirió que los principales cambios que se planteaban a la ley vigente eran la prohibición de las fumigaciones aéreas y de la venta libre de agroquímicos en toda la provincia; la restricción de las fumigaciones terrestres a una distancia no menor a 800 metros de centros poblados y zonas sensibles, y de 1000 metros de escuelas rurales; y el impulso a la producción de alimentos, la agricultura familiar y agroecológica en las áreas libres de agroquímicos.
Para el diputado de Nuevo Encuentro, el proyecto tenía como trasfondo la búsqueda de “un cambio de paradigma de elaboración de los alimentos” pero “no con la idea de dejar esos terrenos improductivos”, dijo. “Se trataba de pasar paulatinamente de la producción agroindustrial a la agroecológica utilizando elementos de conservación y rectificación de la tierra que sean naturales y que no contaminen”, señaló.
Sobre el desenlace que tuvo el debate en la Cámara de diputados de Santa Fe, y que desde la semana que viene comenzará a escalar las diferentes comisiones del Senado provincial, Tessa admitió que “las leyes son producto de las correlaciones sociales”, y consideró que en este caso “prevalecieron los intereses de Monsanto, de los grandes productores, de los distribuidores de agrotóxicos, los que están vinculados a este negocio, por sobre los que planteamos la protección de la vida, el medioambiente y el suelo”, aseveró.
“Hay una cuestión central en todo esto, porque quienes viven en las zonas periféricas de los pueblos rurales, son los sectores populares. Y pareciera que no importa la salud de los más pobres”, concluyó el legislador.
Aapresid brindó con glifosato
“Una buena noticia desde Santa Fe”, celebró la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), al enterarse de la media sanción del proyecto de la diputada Inés Bertero. La entidad está conformada por algunos de los productores agropecuarios más grandes del país, entre ellos el considerado “Rey de la Soja”, Gustavo Grobocopatel.
En su portal web, Aapresid –que se define así misma como “una red de productores” impulsora de del “nuevo paradigma agrícola basado en la Siembra Directa”– festejó el “paso firme para la Comunidad Agroalimentaria” que dio la propuesta de la legisladora en Diputados.
“La norma votada permite, con restricciones, la aspersión aérea, que otro proyecto pretendía prohibir por completo”, indica el texto, con un inocultable dejo de alivio. Aunque luego aclara: “Se trata de media sanción. Es decir, para que se convierta en ley deberá pasar aún el cedazo del Senado. Nadie parece ser optimista acerca de que la norma se revise allí este año”. Y más adelante, remarca: “Pero si así fuera, la mayoría de las opiniones coinciden en que en esa Cámara alta volvería a primar la postura del proyecto aprobado que motorizó la diputada socialista Inés Bertero con otras firmas claro, pero con su voz cantante”.
Por si quedaran lugar a dudas de que la iniciativa de Bertero respondió a los intereses de los productores, en Aapresid añadieron la siguiente referencia sobre el cierre de su nota a los asociados: “Compartimos aquí el proyecto completo y agradecemos a quienes colaboraron para enriquecerlo con su inestimable aporte. Sigamos trabajando para comunicar a la sociedad el valor de la generación de alimentos que tiene nuestro país para sí mismo y el mundo”.
Socialista y estanciera
La diputada del Frente Progresista, Inés Bertero, fue duramente cuestionada tras la media sanción de su proyecto para regular la aplicación de agrotóxicos. Uno de los planteos que se escuchó de parte los ambientalistas indignados por la aprobación de su propuesta, fue que la legisladora con su iniciativa no sólo defendió los intereses económicos de los productores sojeros, sino los propios, puesto que era vox pópuli entre los presentes en el recinto el día de la votación que la viuda del fundador del Partido Socialista Popular, Guillermo Estévez Boero, explota no pocas hectáreas de tierras santafesinas y del norte bonaerense. Y no estaban errados: según declaró en su última presentación ante Ejercicio Ciudadano, Bertero posee 250 hectáreas en Arrufo, 1343 en Zenón Pereyra, 473 en Esmeralda y 752 en Pergamino.
El Pro Huerta y 25 años de experiencia
El Programa Pro Huerta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y el ministerio de Desarrollo Social de la Nación, acaba de cumplir sus primeros 25 años de impulso al cultivo de alimentos sanos y libre de pesticidas producidos desde el paradigma agroecológico. Se trata de la acumulación y construcción de experiencia y conocimiento sistematizado –y alternativo a las actual modelo hegemónico–, más importante que se tenga en el país, aunque existen también otras valiosísimas realizadas por comunidades, ongs, pequeños productores e individuos aislados.
Nacido en el contexto de la crisis de fines de la década del ochenta y principios del noventa, con el objetivo de complementar el acceso a los alimentos de los sectores populares, a los cuales se les propuso producir sus propias huertas y granjas –y en el que sus impulsores encontraron la brecha para ofrecer además el plus de que esas frutas y hortalizas sean libres de agroquímicos–, el programa dio sus primeros pasos nada menos que en Rosario y Santa Fe y, a poco de andar, se fue extendiendo a todo el territorio nacional.
Hoy, a pesar de su notable invisibilidad, es una política pública que se ha convertido en uno de los programas sociales más importantes del país, que incluye la distribución gratuita de semillas agroecológicas producidas por cooperativas y que fomenta las huertas familiares, comunitarias, escolares y de pequeños productores; la elaboración permanente de materiales que recogen y divulgan saberes de campesinos y pueblos originarios junto al de los investigadores del Inta, la promoción de ferias de pequeños productores y que articula directamente con municipios y comunas, entre otras propuestas.
Según los propios datos que publica en su web en la actualidad el Pro Huerta interactúa con más de 3 millones de personas, articula en el territorio con más de 10 mil instituciones y organizaciones, y forma parte de más de 400 ferias agroecológicas, entre ellas las de Rosario, cuya existencia –cuestión muy poco difundida por el municipio local– es posible en buena medida por el apoyo de esta política pública del Estado nacional.
Con miles de técnicos y decenas de miles de promotores, voluntarios y pequeños productores formados en cómo producir desde el paradigma agroecológico, el ProHuerta –y su gente– debería ser un núcleo clave a la hora de pensar qué hacer con las zonas de exclusión de pesticidas, cuya distancia con respecto a las poblaciones, sean 200, 500 u 800 metros, son materia de discusión tanto en Santa Fe como en otras provincias.
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Fuente: El Eslabón
