La crítica situación laboral en el país llevó al arco opositor a unificar e impulsar una ley de emergencia ocupacional, resistida por el gobierno de Macri. La defensa del empleo no está entre las prioridades de Cambiemos.
El modelo de país que encarna el macrismo cierra con mayor desempleo y bajos salarios. En esa lógica de disciplinamiento social no cabe una “emergencia ocupacional”. No hay lugar para una ley en defensa del trabajo que, al menos, rompa la ola de cesantías en el ámbito público y privado, como denuncian la mayoría de los sindicatos. La alianza Cambiemos argumenta que la ley antidespidos que se debate en el Congreso ahuyentará inversiones. Sin embargo, desde el sentido más común, un empresario no concretaría una idea de negocio no por una ley sino por las pésimas condiciones económicas del país, donde suben los precios y las tarifas (luz, gas, agua, transporte, combustible) de manera desbocada, cae el poder de compra y se desploma el consumo. ¿Invertir para venderle a quién?, sería una pregunta lógica.
La iniciativa, aprobada por amplia mayoría en el Senado, establece la suspensión por seis meses de los despidos sin causa y prevé también la doble indemnización. No genera empleo, busca impedir que se agigante el desempleo. El oficialismo dilata la discusión en Diputados, ensaya diferentes maniobras y busca negociar modificaciones al proyecto. En ese caso, este volvería a la Cámara alta. El PJ aceptaría cambios a favor de las pymes. El presidente Mauricio Macri, incluso, estaría dispuesto a asumir el costo político de vetar la ley. Si eso ocurriese terminaría por colocar al sindicalismo en su contra. Los trabajadores movilizados y embroncados ante el avasallamiento de sus derechos avisaron que pelearán en las calles si se concreta el veto presidencial a la ley antidespidos.
Entre las explicaciones que brinda Cambiemos para justificar su postura se escucha que la ley en cuestión ya se aplicó y destruyó empleo, afirmación que se aleja de la verdad. La ley de emergencia pública, con doble indemnización, se aprobó en enero de 2002 y a partir del año siguiente el desempleo, de alrededor del 25 por ciento, empezó a retroceder. En septiembre de 2007 se eliminó la doble indemnización. El desempleo, en el tramo final del gobierno de Cristina Fernández, se ubicó en el 6 por ciento, el nivel más bajo en décadas.
En el período que estuvo vigente la suspensión de los despidos y la doble indemnización, de 2002 a 2007, se crearon más de dos millones de empleos, en un contexto de crecimiento económico. Según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, en ese lustro el empleo privado registrado subió de 3,5 millones a 5,6 millones de puestos laborales, un incremento del 60 por ciento. Desde Cambiemos y el opositor light Sergio Massa afirman que en el país hace muchos años que no se genera empleo, que hay estancamiento. Sin embargo, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), entre noviembre de 2010 y 2015 se crearon 830 mil fuentes de trabajo formales, de las cuales sólo 200 mil corresponden a la administración pública.
Esta tendencia comenzó a revertirse desde que arrancó la gestión Macri y su plan económico. En casi cinco meses de gobierno se destruyeron más de 140 mil empleos, de acuerdo a distintos sondeos frente al apagón del Indec. Según la Unión de Aseguradores de Riesgos del Trabajo (ART), los trabajadores formales asegurados cayeron en casi 90 mil desde la llegada de Macri a la Presidencia. Los despidos masivos se dieron en el ámbito público y privado. La construcción y la metalúrgica son dos sectores golpeados por las cesantías masivas, que a la vez derivaron en un aumento de los niveles de pobreza.
Si bien cada tanto reconoce parte de la cruda realidad, como que “hay gente que le cuesta llegar a fin de mes”, el gobierno de Macri sigue la estrategia comunicacional de negar lo evidente. Cambiemos dice lo contrario a la acusación o reclamo que recibe, y se la pasa refutando: “Es mentira que este gobierno beneficie a los sectores más ricos”; “la inflación es un impuesto perverso y el objetivo es bajarla”; “es mentira que haya ola de despidos”. El presidente y algunos de sus ministros incluso sueltan frases que irritan: “Aumentaron el empleo y los salarios”; “si el conductor considera que el precio del combustible es alto, deja de cargar”. A esta “astucia” se suma la coartada de endilgar culpas de manera permanente a la administración kirchnerista.
La recesión, la suba generalizada de precios –en abril la inflación fue del 7 por ciento, según la mayoría de las consultoras, la medición mensual más alta de los últimos catorce años–, el aumento del desempleo, la caída de la actividad, los tarifazos y la apertura de importaciones formarían parte de un presente ficcional, desde el punto de vista de la alianza PRO-UCR. En nombre del “sinceramiento”, Macri desplegó a la perfección el manual sobre cómo fabricar una crisis donde no la había –lo que no quiere decir que no haya habido problemas a resolver–. El modelo es el ajuste neoliberal, que ya fracasó en la Argentina y hoy hunde a otros países.
Por eso los gremios defienden la ley antidespidos, porque creen que vamos camino a una etapa parecida a la de los 90, con flexibilización laboral. El gobierno se opone a una norma que resguarde los puestos de trabajo. Y el que rechaza el antidespido, puede ser catalogado de PROdespido.
Para que la ley repercuta en Santa Fe
Ante las declaraciones del mandatario Miguel Lifschitz, que respaldó la ley antidespidos motorizada por el Frente para la Victoria a nivel nacional, los diputados provinciales del Frente Social y Popular (FSP), Carlos Del Frade y Mercedes Meier, se mostraron de acuerdo “con el punto de vista político del gobernador”, y pidieron que la dicha ley “tenga repercusiones en la Legislatura”. Los legisladores provinciales recordaron que, en diciembre, presentaron un proyecto de ley similar “que no fue tratado”.
“Una de las mejores frases del discurso del 1° de mayo fue que, si el trabajo no es prioritario, no se puede hablar de lo exitoso de un plan económico. Nos parece esencial eso, núcleo fundamental de cualquier sociedad y nos parece muy bien que lo diga el gobernador”, destacó Del Frade en un comunicado.
Luego agregó que “resulta contradictorio porque a través de los legisladores del Frente Progresista rechazaron el proyecto provincial (presentado por el FSP) para suspender los despidos” con el objetivo de “dotar a la Legislatura de una herramienta política que le permita meterse en la vida cotidiana de los trabajadores poniéndole un cerco a la voracidad de las patronales”.
“Ni siquiera se trató”, explicó el diputado, y agregó: “Que ahora el gobernador diga esto debería ser una especie de señal para generar un ámbito de discusión legislativa. Ojalá sea así, porque si no estaríamos en una especie de «fulbito» para la tribuna: digo una cosa para afuera, pero dentro de la provincia dejo que las patronales hagan lo que quieran”.
En el mismo sentido, su compañera de banca, Mercedes Meier, expresó: “En diciembre, antes de asumir, uno de nuestros primeros proyectos fue el de suspender los despidos. Lamentablemente desde el inicio del año la situación por la que atraviesan los trabajadores nos dio la razón en la urgencia que hubiese tenido sancionar la norma, y así acompañamos la lucha de los trabajadores de Ricedal en Chabás, Ar zinc en Fray Luis Beltrán, Nestlé en Firmat, Acindar en Rosario o los cientos de estatales que perdieron su fuente de trabajo”.
