La presidenta de Brasil, elegida por 54 millones de votos y ahora suspendida, Dilma Rousseff, sigue en pie de lucha contra los golpistas y corruptos que la suspendieron en el cargo. Y en el marco de esa lucha, que cuenta con el apoyo de militantes del PT, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, confirmó lo que la derecha más teme e intentó evitar por todos los medios a su alcance: Luiz Inácio Lula da Silva será candidato a la presidencia en la próxima disputa electoral.
El ex presidente, pese a la intensa campaña de demonización contra él y contra el PT que lleva adelante desde hace años uno de los conglomerados mediáticos más concentrados y poderosos del mundo, sigue siendo el favorito en intención de voto según las encuestas.
“Esta es, ciertamente, la razón principal de este golpe de Estado: impedir a Lula disputar la elección presidencial; hoy, en las encuestas, a pesar de todas las tentativas de destruir su imagen, Lula continúa siendo la persona más querida, y puedo decirle que él va a disputar la próxima elección”, señaló Dilma en una entrevista con la revista francesa L’Express.
Y la expresión “la próxima elección” es hoy día un tanto ambigua. Si bien está prevista para 2018, la propia Dilma viene barajando la posibilidad de que, si logra volver al gobierno, se llame a elecciones anticipadas, como forma de legitimar la próxima gestión, que podría estar encabezada por el líder del PT y que, como están exigiendo las bases, debería volver a retomar las banderas históricas de ese partido, que nunca debieron ser abandonadas.
En declaraciones a la revista francesa, la presidenta volvió a defender su inocencia y denunció el carácter arbitrario, espurio y golpista del juicio político que se está desarrollando. “¿De qué estoy siendo acusada?”, se preguntó, en referencia a las acciones de gobierno por las cuales fue separada del cargo, que no constituyen delito.
“¡Eso no es un crimen! Y yo no soy el primer presidente en hacerlo”, señaló la mandataria, que recordó que el ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1993-2001) rubricó 23 decretos similares durante su mandato.
En el marco del proceso contra la mandataria, que se definirá entre el 25 y el 27 de agosto, la defensa de Dilma reiteró ante la comisión del Senado que analiza la posibilidad de someterla a juicio político, los mismos alegatos que ya habían sido rechazados por mayoría en la Cámara de Diputados.
Los defensores reiteraron la postura de que no existe base legal para procesar a Rousseff. Sobre este punto, el abogado general del Estado argumentó que existe nulidad de origen por el hecho de que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que tiene la potestad constitucional de iniciar el proceso contra un mandatario, actuó por venganza.
La semana pasada, un informe técnico del Senado, la cámara que está analizando la acusación contra la presidenta suspendida, señaló que la denuncia contra la mandataria “no se ajusta a derecho”. El dictamen no hace más que confirmar lo que juristas de Brasil y el mundo vienen repitiendo hasta el cansancio: el juicio contra la presidenta es una aberración legal, una puesta en escena, una maniobra espuria para quitarle el cargo.
La comisión del Senado reconoció que, efectivamente, la presidenta firmó tres decretos de “créditos suplementarios” que no estaban previstos en el presupuesto nacional y que no habían sido autorizados por el Congreso. Pero el informe aclara, que esto no configura “crimen de responsabilidad” (la figura legal con la que se suspendió a Dilma), porque el Congreso sí había autorizado modificaciones presupuestarias. Los decretos presidenciales son correctos, entonces, legítimos y legales y no constituyen delito alguno.
El dictamen debería producir un vuelco importante en el proceso contra la mandataria legítimamente elegida por 54 millones de votos, pero nunca se sabe.
Se prevé una primera votación de los senadores, para aceptar la acusación, los primeros días de agosto, posiblemente el 9. En este caso se necesita mayoría simple de un total de 81 legisladores. La segunda votación, que definirá si la mandataria es inocente o culpable, sería entre el 25 y el 27 de agosto. En esta instancia se necesita una mayoría de dos tercios, 54 senadores. Esa jornada final será conducida por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski.
Fuente: El Eslabón
