A dos años de la masacre, la investigación no avanzó y la impunidad persiste. Ni verdad ni justicia. Por el contrario, quedó claro que el Estado mexicano intentó plantar pistas falsas, desviar la investigación y cerrar el caso.
La represión contra los estudiantes normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa muestra además el costado más oscuro, y muchas veces oculto, del paradigma guerrerista utilizado en México, e importado de EEUU, para combatir el delito: el borramiento de la frontera entre seguridad interior y defensa, la militarización de la sociedad y la profundización del esquema punitivo (más armas, más efectivos patrullando las calles) no dio buenos resultados. Todo lo contrario. Sólo produjo más violencia. Una violencia generalizada que sumió a la sociedad en el caos. Y en medio de este caos, el de México es un Estado corrompido hasta sus raíces, donde no se sabe dónde trazar la línea entre policías, militares y narcotraficantes. Todo esto con el agravante de una Justicia ineficiente, cuando no cómplice.
Por eso el pueblo mexicano sigue en la calle y a dos años de la masacre, cientos de miles de manifestantes salieron a acusar al gobierno de complicidad y corrupción.
Este lunes, un amplio espectro de organizaciones docentes y estudiantiles de universidades públicas, movimientos sociales, colectivos de artistas, gremios y organismos de derechos humanos se volcaron a las calles para exigir verdad y justicia.
“Aquí lo único que ha muerto es la verdad histórica”, reflexionó Alberto, uno de los manifestantes, según informó el diario mexicano Proceso.
“Nada humano me es ajeno”, “Cuando se lee poco, se dispara mucho”, “Tenemos 43 motivos de lucha”, “Dejar de luchar es empezar a morir”, “Hay cosas que no se cuentan, pero cuentan mucho: 43”, fueron algunas de las consignas enarboladas en la jornada de protesta. Y la síntesis de todas ellas fue clara y contundente: “Vamos a seguir”.
“Nos meteremos en sus sueños y seremos su pesadilla”, señaló el escritor Paco Ignacio Taibo, presente en la marcha.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe en el que asegura que el caso es “un expediente abierto”, y exigió que los hechos “no queden en la impunidad, ni en el olvido”, según informó el diario mexicano Excelsior.
“La gravedad y relevancia de los hechos demandan su total esclarecimiento, y que los responsables rindan cuenta de sus actos ante la ley y ante la sociedad”, señala el informe.
Para el organismo, “si bien las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) muestran avances, aún no han arrojado resultados concluyentes”.
En este sentido, la comisión precisó que “sigue sin determinarse el paradero de los normalistas de Ayotzinapa, prioridad y objetivo de la investigación”.
“Lo preponderante es que se conozca la verdad de los hechos y que los derechos de las víctimas sean reparados y se tomen las acciones necesarias para prevenir que se cometan nuevas afectaciones”, señaló la CNDH al tiempo que recordó que ya formuló 57 observaciones y propuestas a diversas autoridades federales, estatales y municipales.
Sobre este punto, el informe indica que “únicamente ocho de ellas pueden considerarse como totalmente atendidas, mientras que 33 se encuentran en vías de atención y 16 tienen un estatus de no atendidas”.
Además, el informe incluye un nuevo llamamiento a las autoridades “para que cumplan con las diligencias de la investigación y realicen las acciones necesaria indicadas en las observaciones y propuestas formuladas”.
Pero hasta ahora las autoridades permanecen ciegas, sordas y mudas con relación a las reiteradas recomendaciones. El informe de la CNDH deja entrever, asimismo, que son muy poco confiables las instituciones mexicanas, y cuán permeables resultan con relación a los embates de las corporaciones, los poderes fácticos y el narcotráfico.
En este sentido, la comisión menciona la investigación realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que trabajó contra viento y marea, sin el apoyo de las autoridades y bajo un permanente acoso.
De acuerdo con la versión oficial, la noche del 26 de septiembre de 2014 un grupo de 43 estudiantes fueron detenidos por policías y entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes los mataron e incineraron en el basurero de la localidad aledaña de Cocula.
Pero la versión oficial no fue más que una puesta en escena, una pista falsa sembrada para cerrar el caso.
