Con 16 sentencias en Santa Fe, siete de ellas en Rosario, y centenares de causas abiertas, el proceso de juicio y castigo a los criminales de lesa humanidad que operaron durante la última dictadura cívico militar avanza sin pausa, aunque sin prisa, en el territorio provincial. Demoras, falta de confirmación de los fallos por los tribunales de alzada, una alta fragmentación de los expedientes y un poder judicial anquilosado, son algunos de los obstáculos que aún se deben sortear en el largo camino de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia; que no obstante mantuvo el mismo vigor, hasta ahora, –gracias al trabajo de los organismos de derechos humanos– desde que en 2003, con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, se rompió el sistema de impunidad construido por los militares golpistas y los primeros gobiernos de la democracia.
Con el cambio de gobierno de diciembre pasado se abre un interrogante sobre este proceso de condena al genocidio, aunque esa preocupación debería contrastarse con la varias veces manifestada voluntad de la Justicia Federal, que en boca del titular de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti aseguró que las causas por delitos de lesa humanidad “son políticas de Estado”.
Y a pesar de que hasta el presidente Mauricio Macri respondió que no iba a obstaculizar los juicios, cierto es que varios de los programas creados durante los últimos diez años por el ejecutivo saliente, para promover ese proceso de Memoria, Verdad y Justicia, están siendo vaciados en sus contenidos y personal, según denunciaron sus trabajadores y los organismos de derechos humanos.
Aún con esos interrogantes –que sólo podrá resolver, como siempre lo ha hecho, el colectivo social con las organizaciones de derechos humanos a la cabeza–, los secuestros, torturas, robos de bebés, asesinatos y desapariciones que el terrorismo de Estado perpetró para imponer el modelo económico de José Alfredo Martínez de Hoz, al servicio de los intereses concentrados y multinacionales, no fueron perdonados por el pueblo argentino. Más de treinta años pasaron desde que se cometieron esos crímenes hasta que sus responsables comenzaron a ser llevados al banquillo de los acusados. Pero si bien es cierto que la justicia cuando llega tan tarde, no es plena –cientos de familiares de las víctimas no llegaron a vivir este momento, muchos represores murieron sin ser juzgados–, la etapa de condena a los represores de la dictadura cobra una enorme dimensión política cuando se la observa en toda su magnitud.
Los números, puestos en ese contexto, son elocuentes. Según los registros del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), de un total de 2765 acusados por delitos de lesa humanidad, 1132 se encuentran detenidos mientras 1200 sobrellevan procesos en libertad y 452 han fallecido.
De acuerdo a esos mismos registros, desde el reinicio de los juicios –en 2006– al 18 de marzo de este año, hay 615 condenados por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, de los cuales 293 están detenidos en unidades penitenciarias, 193 con arresto domiciliario y 111 se encuentran en libertad por no tener su sentencia firme. Si se incluyen los datos que contemplan las sentencias previas a la actual etapa, la cifra de condenados asciende a 666. De acuerdo a un reciente informe de la Procuración General el número es 669.
El principal freno al proceso judicial en este sentido se encuentra al observar la falta de confirmación de las sentencias, así como la falta de avance sobre los responsables civiles de la dictadura, especialmente los grandes grupos beneficiarios tanto de las operaciones económicas del gobierno de facto, como de los operativos de desarticulación y desaparición de las comisiones internas de los trabajadores de sus empresas.
En la actualidad se están desarrollando 14 juicios orales y públicos en todo el país: tres en Ciudad de Buenos Aires, dos en Santa Fe (uno en Rosario y otro en la capital provincial), al igual que en Mendoza y Salta. En los tribunales federales de las ciudades de Córdoba, La Rioja, Jujuy, Mar del Plata y Neuquén se están realizando un juicio por jurisdicción. Si se suman los 119 casos de restitución de identidad de hijos de desaparecidos que fueron robados por los genocidas y recuperados gracias al trabajo de las Abuelas de Plaza de mayo, tenemos un mapa más completo en materia de construcción de justicia en nuestro país.
El nuevo panorama que se ha abierto tras el triunfo de Cambiemos no es auspicioso para esta lucha, ni para tantas otras que van de su mano. Al desmantelamiento de las políticas públicas de derechos humanos, se suma la persecusión a militantes sociales –con el caso emblemático de Milagro Sala–, la instauración de un protocolo antiprotesta, los despidos masivos, el alineamiento con el FMI y los fondos buitre y la lista continúa.
Detrás de este frente de gobierno se ha encolumnado el mismo bloque de poder que impulsó la última dictadura –y no sólo esa–, pero que en esta oportunidad lo hizo a través de las urnas, lo cual establece una diferencia significativa y no menor en el plano de las formas, aunque el programa económico se nutre de la misma vertiente neoliberal.
Que este proceso de condena al genocidio no retroceda, continúe y se profundice, dependerá en buena parte de cómo el conjunto del pueblo argentino, con su organizaciones, encuentre los canales para construir la fuerza y la unidad que le permita trazar una línea común por aquellas conquistas –logradas en la última década–, sobre las cuales no se esté dispuesto a dar ni un paso atrás. Que el juzgamiento a todos los responsables del terrorismo de Estado sea una de esas banderas, y no la única.
Las históricas movilizaciones de este 24 de marzo, son una buena señal en ese sentido.
Fuente: El Eslabón
